Otro cambio importante es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Sename, ya no será el encargado de la protección de niñas y niños vulnerados en sus derechos, sino que, a través de la Subsecretaría de la Niñez, será el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que tendrá a su cargo el Servicio de Protección Especializada.

Luego de más de dos años de tramitación, este 2020 el Congreso Nacional aprobó la nueva institucionalidad, que crea un servicio público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargado de proveer la oferta de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos.

El cambio estará encabezado por la ex Subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, siendo la nueva Directora implementadora del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. 

El trabajo se enfocará en el bienestar e interés superior de cada niño niña y adolescente, y en el ámbito familiar favorecerá el desarrollo de intervenciones integrales y eficaces. El proyecto implica un paso en el cierre definitivo del Sename para ser reemplazarlo por dos nuevos Servicios: el Servicio de Reinserción Social Juvenil, todavía en tramitación en el Congreso, y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El Servicio que se implementará, permitirá una protección especializada para los niños, incorporando a las familias como sujetos de atención, impulsando mejoras en los programas y exigiendo mayores estándares a quienes los atiendan. Dentro de los principales cambios se trabajará en una mayor capacitación y asistencia técnica a los colaboradores, junto con la supervisión y fiscalización, y una evaluación y capacitación del personal público y privado.

Se tendrá como principio rector el poner a los niños y niñas en el centro y en consideración con su entorno familiar, de tal manera de coordinar una atención integral que se adapte a sus necesidades.

El principal cambio que tiene este nuevo Servicio será el de paradigma y el de mirada, donde el Servicio Nacional de Menores se va a dividir en dos importantes servicios. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia va a ser parte de todo el sistema de protección que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, significando un cambio enorme, al dejar de depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El otro servicio, que se tiene que crear es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que sí dependerá de Justicia.

También habrá otro enfoque muy relevante, que es considerar a la familia como sujeto de atención. Eso significa que se realizará un trabajo con ellas en todos los programas del Servicio, junto con un programa especializado en el fortalecimiento y la revinculación familiar. Por su parte, la dolorosa separación de un niño con su familia será siempre la última opción. Los CREAD que hoy existen se deben cerrar y transformarse en residencias familiares. Esas son las que pasan al nuevo servicio. Serán acotadas por edad y en cantidad de niños, y tendrán un cuidado de tipo familiar.

Pablo Mira Hurtado, abogado y parte del equipo de implementación del nuevo Servicio de Protección Especializada, relató que “nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando en la implementación de este nuevo servicio. Lo primero es comentar un poco sobre la esencia que genero este camino largo que derivó en este nuevo servicio de protección especializada. Y la pregunta es, ¿por qué este cambio sería una buena noticia para un niño o niña?”

Pablo Mira, relató que “para esto hay que entender que la historia de protección de la infancia vulnerada en nuestro país es bastante larga, y comienza desde los inicios de nuestra República. En este sentido, hay iniciativas valiosas desde la sociedad civil que comienzan a asumir esta tarea, por ejemplo, el caso de la Protectora de Infancia, que surgió a fines del siglo XIX para dar pan, techo y abrigo a los niños y niñas que quedaron huérfanos luego de la Guerra del Pacífico. Tuvieron que pasar varios años hasta que el Estado fue tomando un rol más importante en esta área, haciendo los primeros esfuerzos por ir asumiendo la protección de la infancia dentro de sus objetivos, lo cual tiene un hito fundamental en la creación del Servicio Nacional de Menores en 1979, hace más de 40 años.”

Historia sobre la protección de la infancia en Chile

Durante el siglo XX cambió la visión del lugar que ocupaban los niños y niñas en la sociedad. Desde la noción de «infancia desvalida» hasta el reconocimiento de los Derechos del Niño, pasando por los cambios en las formas de crianza y prácticas recreativas. El principal centro de interés político estuvo enfocado en disminuir la mortalidad infantil, lo que se logró bien avanzado el siglo.

La vulnerabilidad que afectaba a los niños era tanto sanitaria, como moral y el alma de los menores era amenazada por la delincuencia infantil, las precarias condiciones de trabajo, el abandono de los padres y el uso «inapropiado» del tiempo libre. En este contexto, varias leyes de protección a la infancia que buscaban controlar la marginalidad, el abandono y la delincuencia fueron promulgadas desde 1912, a las que se les sumaron las leyes laborales de 1924.

El Consejo de Defensa del Niño inició oficialmente sus actividades el 8 de junio de 1934, bajo la Presidencia de Arturo Alessandri Palma. Nace como respuesta del sector privado con apoyo del Estado a las apremiantes necesidades sociales generadas por la crisis económica de 1931, producida por el cierre de las salitreras y otras empresas, lo que se tradujo en un importante crecimiento de la cesantía, vagancia y mendicidad infantiles. En 1935 atendía 1.700 menores en 5 establecimiento de Santiago. El 23 de diciembre de 1943 se inauguró la Ciudad del Niño, un gran internado con escuela, policlínico, teatro, canchas, plazas y jardines. 

Luego en la década del 1940, vimos la formación del Hogar de Cristo, encabezado por el Padre Alberto Hurtado, el que se dedicó a sacar niños de la calle para darles un lugar digno donde vivir y desarrollarse.

 

Décadas más tardes, nace el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Además, se ocupaba de regular y controlar la adopción en Chile.

 

Fue creado por el Decreto Ley Nº 2.465 del 10 de enero de 1979, que constituye su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial el 16 de enero del mismo año. Un decreto supremo del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el Sename entró en funciones el 1 de enero de 1980.

 

Cambio de lógica en la estructura del trabajo

“Si bien existieron algunos intentos de reforma a partir del año 2000, fue recién en el año 2012 donde se presenta el primer Proyecto de Ley que buscó dividir el Sename en dos servicios, intentando separar en dos instituciones con lógicas distintas, a los adolescentes infractores de ley con aquellos que niños, niñas y adolescentes quienes habían sido vulnerados en sus derechos. Esto debido a que la evidencia demostró que no era bueno que sea la misma institución que se haga cargo de ambos. Esto llevó a que, después de 8 años de intenso debate legislativo, tengamos un proyecto aprobado que finalmente crea este nuevo Servicio de Protección”, afirmó Pablo Mira.

Resulta importante destacar que el año 2018 el Comité de Derechos del Niño de la ONU reveló graves vulneraciones a los derechos humanos de menores de edad en los centros del SENAME durante los últimos 40 años, en un informe presentado el día de ayer por el Ministerio de Justicia. El mismo año 2018 se presenta el proyecto como lo conocemos hoy, contando la presencia de todos los actores relacionados.

Pablo Mira Hurtado, abogado y parte del equipo de Implementación del nuevo Servicio de Protección Especializada, relató que “como beneficios, se puede mencionar que hoy se busca entregar una nueva mirada integral a la protección, y por ello resulta necesario destacar que el Servicio forma parte de un nuevo Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, conformado, entre otras instituciones, por la Subsecretaria de la niñez y la Defensoría de la niñez, de modo de fortalecer la promoción de los derechos y la prevención de vulneraciones de todos los niños, niñas y adolescentes del país, junto con encargarse de su protección universal y especializada.”

“Estas modificaciones dan otro enfoque a la protección de la niñez y adolescencia. Hay nuevos principios que nos inspiran, entre los que se encuentran el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y la importancia de su derecho a la participación activa. También se reconoce su derecho a la vida en familia, promoviendo el acompañamiento del niño junto con su familia o quien lo tenga a su cuidado”, señaló Pablo Mira Hurtado.

Pablo Mira, agregó que “se trabajará en la mejora de los programas, evitando la revictimización de los niños y tengan que revivir experiencia producto de múltiples diagnósticos e intervenciones, promoviendo las lógicas multimodales e interdisciplinarias en la intervención, con equipos que se adapten a las necesidades del niño y puedan otorgarle un cuidado adecuado. Se promoverá el trabajo en duplas psicosociales a cargo de cada niño, mediante programas focales que coordinen la intervención que se realice con ellos y los miembros de sus familias. Además, existirá un acompañamiento para los organismos colaboradores, teniendo para ellos capacitaciones constantes y una mayor asistencia técnica, junto con una mayor supervisión y una fiscalización real del trabajo realizado”.

El servicio contempla, entre varios puntos, un aumento de la subvención de las residencias en su componente fijo al 50%, para asegurar lo necesario para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes; el rediseño de los programas de atención ambulatorios, incorporando un enfoque integral, y el aumento de las exigencias y el monitoreo de los organismos colaboradores acreditados. Enfoque familiar, mejoras respecto de la oferta programática, descentralización y mejor coordinación.

María José Castro, Directora de implementadora del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, afirmó en una entrevista al diario La Tercera, que “de igual forma, se buscará que no sean inmediatamente institucionalizados, dejando ésta como última opción y priorizando modalidades de cuidado familiar, que constituye el espacio más adecuado para su desarrollo. Mayores exigencias y capacitación para el personal, mejoras en la fiscalización y supervisión, la creación de una asistencia técnica especializada y evaluaciones periódicas de la oferta programática, junto con un aumento en los recursos totales y en el componente fijo de la subvención, son algunos de los cambios más relevantes que implica el nuevo servicio y que debieran contribuir con mejorar la calidad de la atención en el tiempo”.

Castro comentó que “respecto a si es solo un cambio de nombre, no es así, ya que esta ley también incluye la creación de un consejo de expertos elegidos por Alta Dirección Pública. Ellos van a tener la misión de acreditar, bajo estándares que determine la Subsecretaría de la Niñez. También deberá fiscalizar y tendrá opinión vinculante. Por otra parte, se va a generar una coordinación multisectorial. Los programas que se exigen deberán ser programas especializados a las necesidades y a la vulneración que ha tenido cada niño y cada niña. Los niños tienen que ser atendidos en el programa pertinente a su necesidad y también pertinente al territorio. Invito a todos los que hoy día dicen esas críticas a que trabajemos en conjunto. Tenemos la oportunidad histórica de no volver a fallarles a los niños y niñas del país que han sido vulnerados”.

Sobre si existirán garantías de que esta vez sí se van a poder prevenir las vulneraciones de derechos, a este servicio van a llegar los niños que ya han sido vulnerados, pero tienen todo un sistema de prevención universal antes. Una vez que lleguen al Servicio de Protección, la garantía está en la acreditación de programas y la evaluación que existirá sobre cada persona que trabaje como colaborador acreditado o en una residencia. Todos deberán cumplir con el perfil profesional que se requiere. Se contará con evaluación continua, con capacitación permanente y pertinente.

Se tendrán facultades para supervisar, fiscalizar y tomar todas las decisiones que corresponda, como nombrar un administrador provisorio en algún proyecto. No podemos dejar a ningún niño ni por un solo día en un lugar en que esté siendo vulnerado en sus derechos. Para este nuevo servicio todos los programas y colaboradores se deberán acreditar nuevamente, agregó María José Castro, Directora de implementadora del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.